22 de junio de 2020, la Administración de Investigación Aduanera decretó embargos precautorios a cargamentos de hidrocarburos que, en condiciones irregulares, ingresaban al país a través del Puerto de Tuxpan, ya que el Gobierno Federal ha emprendido un combate frontal a la corrupción desde hace unos meses.
El SAT, a través de la Administración de Investigación Aduanera ordenó el aseguramiento de toda la carga transportada en el barco “Hafnia Henriette, de ASSA Trading, pues declararon en falsedad el valor de la gasolina (Oficio del SAT 800-54-00-02-01-2020-0767 del cual tenemos copia), hidrocarburo que se pretendía descargar en Tuxpan.
Con esa operación irregular de la empresa ASSA Trading pretendían burlar al fisco con casi 889 mil dólares, pues no se declaró el volumen real de la carga ni su valor, y en ese trámite está involucrado incluso un Agente Aduanal del Puerto de Veracruz.
La nueva administración de la Aduana de Tuxpan sí está fiscalizando todos los embarques de combustibles de importadores privados e incluso los aseguran en tanto se hacen las revisiones, a empresas como ENERMEX/ASSA Trading, Glencore, Vitol, Trafigura, IPS y SIMSA.
Ya la Aduana de Tuxpan detectó también que CTT descargó dos barcos en su muelle sin contar con la autorización para el manejo de hidrocarburos, de la Administración General de Aduanas, por lo que procedería la cancelación de la autorización por la flagrante violación a la Ley Aduanera.
Los importadores de hidrocarburos consideran que las autoridades no están midiendo “con la misma vara” a Petróleos Mexicanos en Tuxpan, pues saben que Petróleos Mexicanos no está pagando IEPS e IVA antes de descargar sus barcos ni presenta certificados de origen, además desconocen si les revisan a conciencia sus pedimentos de importación.
Incluso, en días pasadas, la empresa American Petroleum Institute, a través del gobierno de EU, hizo un reclamo formal al Gobierno Federal por violaciones y discriminación al sector privado.
Si la “limpia” va en serio en el Puerto de Tuxpan, en cuestión de semanas o meses tendrían que empezar a caer los primeros “peces gordos”, tanto de las dependencias federales como cesionarios de las terminales de hidrocarburos, allí la última palabra la tiene Ojeda, el Secretario de Marina, comisionado por el presidente para acabar con la corrupción en el Puerto de Tuxpan.
Un ex funcionario de la Administración Portuaria de Tuxpan (APITUX), que fue despedido por la 4T, sostiene que la corrupción en el Puerto de Tuxpan, en el sector de los hidrocarburos, detonó durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto y continúa, prácticamente inalterable.
Cuenta que, una vez aprobada la Reforma energética, se inició una carrera de empresas del sector privado para competir con Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el sector de los hidrocarburos, y es así como se generan actos de corrupción al otorgarse beneficios extraordinarios a empresas como SSA México (TPT) y a Grupo SIMSA (CTT).
A esas dos empresas, las autoridades les ampliaron sus concesiones para el manejo de hidrocarburos violando la regulación existente, pues no se cumplió con el requisito de que los cambios de giro deben ser aprobados por mayoría por el Comité de Planeación, como lo establece la legislación portuaria.
Al Grupo SIMSA se le debió haber cancelado la cesión de CTT debido a que tenía varios incumplimientos y no solicitaron la prórroga en los plazos que se establecían en el contrato. El caso de SSA México la violación fue peor, pues como su contrato es producto de una licitación pública, tuvo que realizarse de nuevo una licitación, lo que nunca ocurrió.
Se explica que, en ambos procedimientos, APITUX solicitó una opinión a la COFECE y, aún sin contar con la respuesta, autorizó la ampliación del objeto de la cesión, violentando la Ley de Puertos y Ley de Competencia Económica.
Pero algo más, se violentó de paso una regla emitida por la Dirección General de Puertos, que prohíbe la ampliación de giro a hidrocarburos a las terminales públicas de contenedores y carga general, elaborada por Alejandro Hernández.
Ni TPT, ni CTT hicieron maniobras de simulación necesarias de navegación para el manejo de buques tanque y, a CTT, se le permitió llevar a cabo obras de modificación de su muelle sin la modificación de la MIA correspondiente.
Al día de hoy a ambos les faltan de permisos tanto municipales, estatales y federales. Uno de los proyectos que ya está concluido y no cuenta con la SASISOPA, de ASEA, que se requiere para iniciar construcción y tampoco cuenta con el visto bueno de Protección Civil Estatal y Municipal y Desarrollo Urbano para construir y operar.
Al socio de TPT de nombre Monterra Energy se le hundieron varios tanques durante las pruebas hidrostáticas y otro tiene que ser demolido por fallas de construcción sin que a la fecha las autoridades hayan clausurado la obra.
Desde la administración de EPN se otorgaron contratos de maniobras para operar hidrocarburos en los muelles públicos sin licitación y si ser aprobados por el Comité de Planeación y el Consejo de Administración a las empresas ENERMEX y DICSA/OXY ENERGY.
Esas empresas no han pagado el total de su contraprestación, no cuentan con tarifas autorizadas, ni sus seguros cubren las instalaciones del API y no están registrados ante la Dirección General de Puertos, por lo cual se les debe cesar la operación.
Y por si fuera poco, ENERMEX le realiza la descarga de diésel para Pemex en el muelle fiscal, sin contar con los seguros en caso de generarle daños a los camiones y barcos de Petróleos Mexicanos, las investigaciones avanzan y en un corto tiempo podría haber resultados.
