Moisés Sánchez: seis años de impunidad

Medellín de Bravo, Ver. / Por: Jorge Sánchez. Foto: Félix Márquez.


Diez minutos antes de las siete de la tarde, los vehículos de un comando armado llegaron al hogar de Moisés Sánchez Cerezo, mi padre; seis sujetos con armas largas y cortas entraron a la vivienda. María, mi madre, junto a mis dos hijos y otro niño fueron interceptados en la puerta de la casa; segundos después, mi padre fue sacado del domicilio. “No le hagan daño a mi familia”, fue lo último que María escuchó de su esposo aquel viernes 2 de enero de 2015.

Unos tres días antes, Moisés fue advertido de que el presidente municipal de Medellín de Bravo pretendía atentar contra él; mi padre, quien estaba acostumbrado a las amenazas y hostilidades de algunos funcionarios, no le dio tanta importancia, pero a mí sí me preocupaba y se lo hice saber, porque en el país asesinan y desaparecen a periodistas y a activistas sin que haya consecuencia para los criminales.

No fue suficiente recordarle que unos meses antes 43 estudiantes fueron desaparecidos, tampoco que periodistas de medios nacionales habían sido asesinados, como Regina Martínez.

Cada vez que amigos y familiares mostrábamos preocupación por lo peligroso que es ser periodista y activista, él siempre argumentaba que si no hacemos nada las cosas no van a cambiar, que si vivimos con miedo nunca vamos a hacer nada, si vivimos con miedo nunca vamos a cambiar las cosas, vivir con miedo no es opción.

El 2 de enero de 2015, a las seis de la tarde con cincuenta minutos, mientras sucedían los hechos, los vecinos marcaron a la policía y a los funcionarios encargados de la seguridad de Medellín, pero ninguno contestó. Personal del Ejercito mexicano sí contestó el teléfono, pero al lugar no acudió ninguna unidad militar. Los criminales operaron con toda libertad a pesar de que a 200 metros se encontraban dos policías municipales.

Recibí la llamada de una vecina que me informó lo sucedido, eran aproximadamente las siete con diez minutos de la tarde, descendí del camión de trasporte público en el que me trasladaba y abordé un taxi; al llegar al domicilio la policía todavía no llegaba. “Se lo llevaron”, es lo único que pudo decirme mi madre, no podía pronunciar palabras de lo impactante que fue el suceso.

La impunidad siempre prevalece cuando se tocan intereses de los poderosos, es un muro construido por el pago de favores entre los que están en el poder.

Cuando mi madre y yo acudimos a realizar la denuncia, en Medellín, nos preguntaron si mi padre había recibido amenazas, al referir lo del presidente municipal, se negaron a levantar la denuncia. Al final la tuvieron que aceptar al ver la presión que se estaba generando en los medios de comunicación de la zona.

De ahí en adelante iniciamos una lucha de exigencias para que Moisés Sánchez apareciera con vida. Familiares, amigos y compañeros de mi padre nos manifestamos y alzamos la voz ante la indiferencia del gobierno.

En varias ciudades del país se hicieron manifestaciones. En Xalapa, varios periodistas realizaron una protesta frente al Palacio de Gobierno de Veracruz para pedir que apareciera Moisés, entre ellos se encontraba Rubén Espinosa Becerril, quien sostenía una foto de mi padre.

La presión hizo que pudiéramos entregar nuestras exigencias a varios funcionarios; en respuesta, recibimos la falsa empatía que demuestran los servidores públicos de alto nivel, junto con la promesa de que ocuparían todos los recursos del Estado para que Moisés Sánchez apareciera con vida.

La complicidad de los criminales con autoridades locales y estatales era evidente, los policías municipales tardaron dos horas en iniciar un operativo de búsqueda, la fiscalía tardó una semana en pedir los videos de las cámaras de seguridad de C4 que había en la zona.

De nada sirvieron las reuniones con los funcionarios de ese momento: Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz; Luis Ángel Bravo, procurador general de Veracruz; Arturo Bermúdez Zurita, secretario de seguridad pública de Veracruz; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación de México, y Jesús Murillo Karam, procurador general de la República.

Mi padre pensaba que la mayoría de los funcionarios públicos sólo llegan al poder para enriquecerse, que no tienen un proyecto para el progreso de la comunidad, que a los funcionarios no les interesa la gente. Por ello los ciudadanos tienen que alzar sus exigencias a través de protestas y de los medios de comunicación.

Nos reunimos con embajadores y representantes de otros países, con el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así como con organizaciones nacionales e internacionales para exponer el caso. La presión obligó al procurador de Veracruz a decir ante medios nacionales que estaba a horas de resolver el caso de Moisés.

El 24 de enero, el cuerpo sin vida de mi padre fue encontrado en el municipio de Manlio Fabio Altamirano.

Cuando mi padre inició el proyecto de La Unión, en los años 80’s en el municipio de Veracruz, sabía lo peligroso que es ejercer la libertad de expresión. Narraba que comenzó con volantes informativos que repartía velozmente para evitar que la policía lo identificara, ya que en esos tiempos había policías que desaparecían a personas “incómodas” al gobierno.

El recurso en su mayoría salía del bolsillo de mi padre, lo que hacía irregular la temporalidad de impresión. Con el tiempo, La Unión tomó forma de cuadernillo media carta/oficio con 12 páginas, y posteriormente incursionó en el internet.

Durante tres décadas algunos funcionarios y alcaldes de Medellín trataron de intimidarlo, inclusive uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego; algunas veces los policías y tránsitos lo intentaban intimidar. Esto fue forjando su carácter, no temía pagar el precio de intentar cambiar las cosas que están mal.

El 25 de enero, el procurador Ángel Bravo dio una rueda de prensa en la que informaba que uno de los presuntos autores materiales, identificado como Clemente, había sido detenido, y que el señalado como presunto autor intelectual del crimen era Omar N, presidente municipal de Medellín de Bravo, quien mediante su escolta contactó al grupo criminal. Además de Clemente, tres policías municipales fueron detenidos, entre ellos el subdirector de la policía municipal quien también era escolta de Omar.

Para esas fechas, el presidente municipal llevaba más de dos semanas sin acudir al ayuntamiento, su abogado afirmaba públicamente que su defendido ya no estaba en Veracruz. Meses después, Omar fue desaforado, actualmente tiene una orden de aprehensión vigente.

El 2 de julio de 2015, fue encontrado sin vida Juan Mendoza, quien tenía el portal de noticias Escribiendo la Verdad, era amigo de mi padre y también vivía en Medellín.

A mediados de ese mes, me reuní en CDMX con Rubén Espinosa y Nadia Vera, quienes tuvieron que salir de Veracruz por amenazas; días después, Rubén me mandó fotografías para que la publicáramos en la nueva etapa de la edición impresa de La Unión.

El 31 de julio de 2015, Rubén Espinosa y Nadia fueron encontrados sin vida en la Ciudad de México, junto con Yesenia Quiroz, Mile Virginia y Alejandra Negrete, en el multihomicidio de la Narvarte.

En octubre del mismo año, salió en libertad el escolta del alcalde de Medellín. En 2020, un juez determinó que se había violado el debido proceso a los dos policías que se encontraban detenidos, ya que fueron arraigados previo a su detención. El único que continúa detenido es Clemente.

Desde el 2 de enero de 2015, en Veracruz han conocido del caso tres gobernadores de partidos diferentes, Javier Duarte de Ochoa (PRI-PVEM), Miguel Ángel Yunes Linares (PAN-PRD) y Cuitláhuac García Jiménez (MORENA-PT-PES) -cada gobernador con su Fiscal “a modo”- y dos presidentes de México, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

No importa el partido político, lo que prevalece es el círculo de impunidad. Poco ha cambiado desde los tiempos en que mi padre inició su proyecto informativo.

Andrés Manuel ha hecho un llamado a que se deje a un lado la venganza. En los últimos años he conocido a varios familiares de periodistas asesinados y de personas desaparecidas, ninguno de ellos ha pedido venganza.

Justicia no es igual a venganza.

Lo que se pide es Justicia. No queremos que los criminales sean “levantados” y torturados, mucho menos asesinados. Pedimos que los responsables sean detenidos y que respondan ante el Juez, que cumplan la condena por los delitos cometidos.

El círculo de impunidad se repetirá mientras los criminales sientan que es muy fácil desaparecer a las personas, que asesinar al periodista o al activista que está “incomodando” no tiene consecuencia.

El círculo de impunidad seguirá mientras los gobernantes y funcionarios sean indiferentes al dolor de las víctimas, mientras para ellos solo sean el desaparecido número tal, el asesinado número tal.

El 2 de enero de 2015 los criminales demostraron, una vez más, que con toda impunidad se puede mandar a asesinar a un activista o a un periodista. Ese día se llevaron al esposo de María, se llevaron al abuelo de mis hijos, se llevaron a mi padre…

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